El 25 de mayo la Unión Europea presentó una queja contra Argentina en la OMC donde cuestionaba las medidas proteccionistas tomadas por la presidenta Cristina Fernández.
Para la UE, estas medidas -junto con la expropiación de YPF (subsidiaria de la española Repsol YPF)-, causan perjuicios a inversores y empresas extranjeras.
Si bien Argentina recibe mercancías europeas por 8.500 millones de euros, esta situación también ha impactado en nuestro país. Las exportaciones con este destino disminuyeron 17% en mayo pese a la liberación de algunas licencias según datos de la Unión de Exportadores.
En estos días se inicia el proceso de arbitraje en Ginebra. Si bien Argentina informó hace unos días que aceptó la etapa de consultas, rechazó los cuestionamientos de la UE y consideró la denuncia como infundada.
En su notificación expresó que es un país que “cumple con las reglas y los procedimientos de los organismos internacionales de los que es parte”.
Indicó también que el cuestionamiento “podría interpretarse como una línea de acción que procura estrechar los márgenes de política económica legítima de los países emergentes, con el objetivo último de volcar en sus dinámicos mercados internos los excedentes exportables de los países desarrollados, actualmente en crisis y con políticas fiscales contractivas que limitan la demanda agregada global” y que “Nuestro país participará del proceso de consultas con el objetivo de defender las legítimas políticas en marcha”.
